SALTILLO, Coahuila, a 27 de mayo del 2026.- – El diputado Raúl Onofre Contreras pidió a los legisladores del Congreso de la Unión, que revise y evalúe los efectos y consecuencias que trajo consigo la reforma que ha vulnerado el sistema de pensiones de personal jubilado de la Comisión Federal de Electricidad como de otras instancias del gobierno federal. En tribuna, el legislador local matamorense, propuso como punto de acuerdo el solicitar a diputados federales como Senadores de la República que hagan una reconsideración de esto que fue aprobado y que ha generado la inconformidad de miles de adultos mayores que, apegados a sus condiciones generales de trabajo, obtuvieron una pensión jubilatoria y que ahora les ha sido reducida de manera injusta y arbitraria. Esa modificación, refiere, corresponde a los efectos derivados del artículo segundo transitorio relacionado con la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 10 de abril de 2026, particularmente por los posibles impactos en jubilaciones o pensiones previamente reconocidas. “Las pensiones y jubilaciones constituyen mecanismos esenciales para garantizar un retiro digno a las personas trabajadoras, al brindar protección económica y condiciones mínimas de bienestar. Estos sistemas representan uno de los pilares más importantes de la seguridad social en México, permitiendo que quienes dedicaron años de trabajo y contribución cuenten con certeza y protección al momento de su retiro”, argumentó. Hizo ver que el Congreso del Estado de Coahuila y en particular su representación legislativa, ha recibido diversas solicitudes y manifestaciones de personas jubiladas y pensionadas que han expresado su preocupación ante el temor de que puedan verse afectados derechos previamente reconocidos y recursos que constituyen su principal fuente de sustento. Como antecedente, refiere que dicha reforma al artículo 127 constitucional, aprobada por diputados y senadores del Congreso de la Unión- establece límites a las remuneraciones de jubilaciones y pensiones de servidores públicos de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas, fideicomisos y entidades del Estado, atendiendo a principios de austeridad, racionalidad y equidad en el uso de los recursos públicos, buscando evitar excesos en prestaciones financiadas con recursos públicos. Sin embargo, la preocupación planteada por personas jubiladas se centra específicamente en el contenido del referido artículo transitorio, en cuanto prevé que determinadas jubilaciones o pensiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto deban ajustarse a nuevos parámetros constitucionales establecidos con posterioridad a su reconocimiento.
“Esto ha generado inquietudes legítimas respecto a la necesidad de garantizar plena certeza jurídica, claridad normativa y respeto a los derechos previamente adquiridos”, subrayó desde tribuna.
El principio de seguridad jurídica brinda certeza a las personas sobre el alcance del contenido y aplicación de las normas, así como de las consecuencias jurídicas derivadas de actos válidamente celebrados conforme al orden jurídico existente en determinado momento. Este principio funciona como un mecanismo de control y límite frente a posibles actuaciones arbitrarias de la autoridad.
De hecho, dijo Onofre Contreras, órganos jurisdiccionales federales han concedido suspensiones a personas inconformes con reducciones aplicadas a sus pensiones derivadas de la implementación de la reforma mencionada. Particularmente, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Nuevo León, declaró fundado un recurso de queja interpuesto por jubilados y ordenó a la Comisión Federal de Electricidad abstenerse de aplicar reducciones a las pensiones de ex empleados mientras se resuelve el fondo del asunto.
Incluso refirió que el propia titular del Ejecutivo Federal reconoció públicamente la necesidad de corregir errores que se han presentado en los recortes a pensiones de ex trabajadores, solicitando que se lleven a cabo las revisiones correspondientes.
Por ello, puso a consideración el Punto de Acuerdo en el que el Congreso del Estado exhorta al Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice y revise el alcance del artículo segundo transitorio relacionado con la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de evaluar posibles interpretaciones o efectos que pudieran generar impactos en pensiones o jubilaciones previamente reconocidas.