Ernesto Piedras
Tras una sucesi\u00f3n de foros p\u00fablicos, discusiones y cr\u00edticas desde la industria, academia, analistas y sociedad civil, se ha aprobado la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusi\u00f3n que deja atr\u00e1s la fase de intensificaci\u00f3n de la competencia, autonom\u00eda regulatoria y fortalecimiento institucional que trajo consigo la Reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusi\u00f3n de 2013.<\/p>\n\n\n\n
Si bien fueron eliminados algunos de los art\u00edculos m\u00e1s controvertidos y se introdujeron ajustes relevantes, el esp\u00edritu de la nueva reforma sigue representando una regresi\u00f3n institucional y normativa para el sector.<\/p>\n\n\n\n
La Ilusi\u00f3n del Cambio. Entre los cambios m\u00e1s destacados se encuentra la eliminaci\u00f3n del art\u00edculo 109, que facultaba el bloqueo temporal de plataformas digitales.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, se a\u00f1adi\u00f3 la obligaci\u00f3n de realizar consultas p\u00fablicas para emitir normas y lineamientos, y se cre\u00f3 un nuevo \u00f3rgano regulador, la Comisi\u00f3n Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).<\/p>\n\n\n\n
Esta contar\u00e1 con atribuciones t\u00e9cnicas, capacidad para emitir Normas Oficiales Mexicanas, podr\u00e1 otorgar concesiones, administrar el espectro radioel\u00e9ctrico, mandatar el reordenamiento de infraestructura, su uso compartido y podr\u00e1 definir mecanismos de regulaci\u00f3n asim\u00e9rica, a pesar de existir un posible conflicto competencial con la Comisi\u00f3n Nacional Antimonopolio (CNA).<\/p>\n\n\n\n
Autonom\u00eda Acotada. El punto m\u00e1s cr\u00edtico permanece sin cambios sustantivos: la desaparici\u00f3n del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un \u00f3rgano constitucional aut\u00f3nomo.<\/p>\n\n\n\n
En su lugar, se crea la CRT, un \u00f3rgano desconcentrado de la nueva Agencia de Transformaci\u00f3n Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Ejecutivo.<\/p>\n\n\n\n
Aunque se le dota de cierta independencia t\u00e9cnica, sus comisionados ser\u00e1n designados por la presidenta y ratificados por el Senado de la Rep\u00fablica, lo que representa una vulneraci\u00f3n a los principios de imparcialidad, autonom\u00eda y contrapesos en la regulaci\u00f3n sectorial.<\/p>\n\n\n\n
Incluso, esta nueva reforma permite al Ejecutivo, por s\u00ed o por conducto de la CRT, expedir disposiciones administrativas para la regulaci\u00f3n, promoci\u00f3n y supervisi\u00f3n del desarrollo eficiente de las telecomunicaciones.<\/p>\n\n\n\n
En otras palabras, a pesar de sus nuevas facultades, su creaci\u00f3n implica una centralizaci\u00f3n del poder regulador en el Ejecutivo, dejando atr\u00e1s un regulador t\u00e9cnico, colegiado y aut\u00f3nomo como plante\u00f3 y materializ\u00f3 la reforma de 2013.<\/p>\n\n\n\n
Vulnerabilidades a la Protecci\u00f3n de Datos. El art\u00edculo 183 del dictamen se mantuvo casi intacto: exige a los concesionarios colaborar con autoridades (de seguridad y procuraci\u00f3n de justicia) en la geolocalizaci\u00f3n en tiempo real de equipos terminales (como los Smartphones) y requiere a los concesionarios conservar un registro de comunicaciones con datos sobre las mismas (duraci\u00f3n, origen y destino, ubicaci\u00f3n de las l\u00edneas), as\u00ed como el nombre y domicilio del suscriptor, sin establecer salvaguardas claras, pero manteniendo la inviolabilidad de las comunicaciones en s\u00ed mismas.<\/p>\n\n\n\n
Esto se combina con la obligaci\u00f3n impuesta a los operadores (tradicionales o MVNOs) de mantener activas s\u00f3lo las l\u00edneas de los usuarios que proporcionen una identificaci\u00f3n que contenga su CURP (art\u00edculo 103).<\/p>\n\n\n\n
Espectro y Neutralidad a la Competencia. La nueva Ley contempla el acceso a descuentos sobre el pago por el uso del espectro radioel\u00e9ctrico, a cambio de obligaciones de cobertura.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, no se replantea estructuralmente el modelo de cobro, se siguen persiguiendo fines meramente recaudatorios, fuera de alinearse a objetivos de cobertura y asequibilidad, lo que contin\u00faa mermando los incentivos a la inversi\u00f3n en infraestructura.<\/p>\n\n\n\n
Por otro lado, al incluir el principio de \u201cneutralidad a la competencia\u201d, el Estado mexicano tendr\u00e1 alicientes para proporcionar servicios a usuarios finales y a trav\u00e9s de concesiones de uso comercial en igualdad de condiciones con los operadores privados.<\/p>\n\n\n\n
De la Reforma a la Regresi\u00f3n. La versi\u00f3n corregida de la Ley pretende ser una respuesta a las cr\u00edticas, pero s\u00f3lo maquilla los elementos m\u00e1s controversiales sin atender el fondo.<\/p>\n\n\n\n
Con un regulador d\u00e9bil, normas ambiguas sobre colaboraci\u00f3n con la justicia y sin incentivos reales a la inversi\u00f3n y la competencia, el nuevo marco legal representa m\u00e1s una regresi\u00f3n que una evoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e9xico no necesitaba una nueva Ley que remendara lo existente, sino una reforma que consolidara lo ganado y apuntara al futuro digital. En cambio, lo que se ofrece es un texto normativo que se queda en principios b\u00e1sicos ya alcanzados, sin una regulaci\u00f3n fortalecida.<\/p>\n\n\n\n
La oportunidad de avanzar se perdi\u00f3 en una simulaci\u00f3n de cambio. Y eso, en telecomunicaciones, puede costarnos una d\u00e9cada (por decir lo menos) de estancamiento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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